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Fuente Aliada: Tax & Legal

También señaló que tratándose de los fondos de inversión colectiva sigue aplicándose el principio de transparencia



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En la presente oportunidad, la DIAN se pronunció sobre dos aspectos fundamentales con relación a las modificaciones introducidas por la última reforma tributaria L. 1819 de 2016:
En primer lugar, se le preguntó sobre el tratamiento aplicable con relación a los contratos de fiducia mercantil cuyo objeto es la actividad hotelera, frente a lo cual afirmó lo siguiente:
Los contratos de fiducia mercantil regulados por el Art. 102 del Estatuto Tributario determinan el "deber de practicar la retención en la fuente sobre los valores pagados o abonados en cuenta, susceptibles de constituir un ingreso tributario para los beneficiarios de los mismos a las tarifas que correspondan en la naturaleza de los correspondientes ingresos de acuerdo con las disposiciones vigentes".

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Fuente Aliada: Tax & Legal

Como es sabido, se encuentran obligados a presentar  la declaración anual  de activos en el exterior, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que sean residentes fiscales en Colombia y que posean activos de cualquier naturaleza fuera del país (Art 607 del E.T.).

Con relación a dicha declaración, se realizaron los siguientes cuestionamientos a la DIAN:

(i) ¿Cuál es el valor a reportar para bienes inmuebles ubicados en el exterior con hipoteca vigente?
La Administración de Impuestos reiteró su doctrina del año 2015 en la que manifestó el valor patrimonial del inmueble considerado como  Activo Fijo que es el  costo de adquisición, pues el avaluó y auto-avaluó catastral solo se predican de los bienes ubicados en Colombia.

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Fuente Aliada: Tax & Legal

La Administración Tributaria emitió su pronunciamiento sobre este asunto, entérate aquí de la respuesta

Como es bien sabido, y amparado en las normas propias del derecho administrativo colombiano, se considera la interposición de recursos ante las autoridades   como una manera de ejercitar el derecho de petición consagrado en la Constitución Política. Dicho lo anterior, cuando el recurso ante la autoridad administrativa se regule de manera específica en una norma, se deberá aplicar; en caso contrario, se entiende que deberán aplicarse las normas generales respectivas.

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Fuente Aliada: Tax & Legal

¿Este gravamen debe ser autoliquidado por el contribuyente? o por el contrario, ¿se requiere de acto administrativo para liquidarlo? Acá te contamos
Como se sabe, la participación en plusvalía es un tributo de carácter territorial que pueden cobrar los Municipios o Distritos como consecuencia de la acción urbanística proveniente de una actuación administrativa, a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en su jurisdicción. La actuación administrativa se encuentra enmarcada en tres acciones principalmente:

i) la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano; 
ii) el establecimiento o modificación del régimen o zona del uso del suelo;
iii) la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo por una edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez.
Dicho lo anterior, el Consejo de Estado dirime el siguiente cuestionamiento: ¿Es deber del contribuyente declarar la participación en plusvalía?
En el caso objeto de análisis el Departamento Administrativo de Planeación Distrital fijó mediante Resolución de carácter individual  el efecto plusvalía sobre el inmueble de la demandante para pre-liquidar el tributo. Con base en dicho acto administrativo, la actora declaró y pagó la plusvalía como requisito para la expedición de la licencia de urbanismo y construcción. 

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Fuente Aliada: Tax & Legal times

Conoce las consideraciones respecto al impuesto predial, impuesto al alumbrado público y las tasas sobre certificaciones, paz y salvo y constancias
En esta ocasión, el Consejo de Estado resolvió tres cuestionamientos a partir de una demanda de nulidad contra varios Artículos del Acuerdo Municipal de Puerto Tejada (Acuerdo Municipal 35 de 2008):


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¿Quién es el sujeto pasivo en el Impuesto Predial Unificado?
Al respecto, el demandante consideró que este impuesto recae sobre el derecho de propiedad, y por tanto, el único sujeto pasivo debería ser el propietario del inmueble. Suscrito a lo anterior, las normas que se refieren a poseedores o usufructuarios del bien inmueble como sujetos pasivos del impuesto predial son nulas, pues se debe gravar la propiedad inmueble, y no el derecho de propiedad.
La Sección negó la nulidad de las expresiones demandadas y reiteró lo expuesto en su jurisprudencia del pasada, en la que manifestó que  “el impuesto predial unificado es un gravamen de tipo real que recae sobre el valor del inmueble sin consideración a la calidad del sujeto pasivo y sin tener en cuenta los gravámenes y deudas que el inmueble soporta”, y por consiguiente, “no se creó para gravar la propiedad privada únicamente, sino que su finalidad ha sido, siempre, gravar la propiedad raíz, los bienes inmuebles, independientemente de la persona que ostente la calidad de propietario, poseedor, usufructuario o tenedor”(Sent. Exp. 19561 de 2014).

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La Administración Tributaria expide doctrina respecto a deducciones de activos fijos en territorio nacional no nacionalizados.


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En esta ocasión, el Consejo de Estado resuelve el recurso de apelación, interpuesto por el demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la cual se inadmitió la demanda en razón a que la parte demandante no probó que cumplió con el requisito de procedibilidad de interposición del recurso de reconsideración que procedía en contra de la liquidación oficial demandada.

Así las cosas, la Alta Corporación entra a determinar sobre la procedencia del referido recurso y concluye lo siguiente:

1) Para debatir la legalidad de una liquidación oficial en sede jurisdiccional, el contribuyente tiene dos opciones: a) agotar en debida forma la vía gubernativa a través de la interposición del recurso de reconsideración, o b) acudir en forma directa, siempre que se haya atendido en debida forma el requerimiento especial y se presente la demanda contra la liquidación oficial dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su notificación (Artículo 720 del Estatuto Tributario).

2) Si el contribuyente elige la opción b), es decir opta por demandar el acto directamente en la jurisdicción contencioso administrativa, debe cumplir con los siguientes requisitos: i) haber dado respuesta al requerimiento especial en debida forma, es decir, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de este, y ii) que la demanda contra la liquidación oficial de revisión se presente ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su notificación.

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Tax & Legal Times 


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Nuevo plazo se extiende hasta enero del 2018
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo ha publicado el Decreto 1115 del 29 de junio de 2017 donde se extiende el plazo para que los responsables del tratamiento de datos inscriban sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos hasta enero del 2018. En este sentido, se han adicionado seis meses para cumplir con esta obligación relacionada al tratamiento de datos personales. No obstante, es necesario recordar que ésta no es la única obligación derivada del tratamiento de datos personales y en consecuencia deben tomarse las medidas necesarias para proteger, actualizar y conservar la información con el fin de evitar sanciones (Texto original del Decreto 1115 de 2017).

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Tax & Legal Times 

Conoce las tres consideraciones de la DIAN sobre los efectos fiscales aplicables a los ingresos que provienen de combustibles y derivados del petróleo

Como es bien conocido, la Reforma Tributaria Estructural trajo consigo la creación de nuevas normas en las cuales se modificó el tratamiento tributario para los ingresos de los distribuidores minoristas de combustibles líquidos y derivados del petróleo. Por lo tanto, es importante las siguientes aclaraciones por parte de la DIAN:

1. ¿Para el cálculo de los ingresos brutos fiscales los distribuidores minoristas de combustibles líquidos y derivados del petróleo deben observar el parágrafo 4 del artículo 28 del Estatuto Tributario o pueden tener en cuenta los ingresos percibidos con ocasión del régimen de libertad vigilada de precios?

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En esta ocasión se discute sobre la causación del impuesto de industria y comercio sobre los rendimientos financieros y dividendos percibidos por parte de la actora.
El municipio de Bucaramanga señaló que estos ingresos estaban gravados con el impuesto de industria y comercio por tener origen en el giro ordinario de los negocios de la empresa ya que estas actividades se encontraban incluidas dentro de su objeto social.
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