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Tax & Legal Times

En esta ocasión la sentencia reseñada se enfoca en la discusión generada por la expedición de un Acuerdo del Municipio de Maicao (Artículos 13 y  15 del Acuerdo 13 de 2010), en el cual se incluyeron apartes que gravaron con el impuesto predial unificado a las construcciones, edificaciones o mejoras sobre bienes de uso público administrados por particulares.

Ante tal situación, el demandante interpuso acción de nulidad en contra los apartes del Acuerdo referido, pues consideró que el municipio había excedido sus facultades al extender el cobro del Impuesto Predial sobre bienes públicos administrados por particulares. En su criterio, las normas acusadas confunden los bienes fiscales y los de uso público y olvidan que la ley no permite someter los bienes de uso público al impuesto predial. Señaló que en efecto, el Artículo 63 de la Constitución Política señala que los bienes de uso público, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo cual priva a la Nación de la disposición de tales bienes y dota a su propiedad de características especiales, opuestas a las asignadas a la propiedad privada.

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Como es sabido, con la actual reforma fue incluida una disposición en la cual se estipuló las rentas que se consideran exentas a partir del 2018 (Art. 235-2), por su parte también se estableció la tarifa del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas incluyendo las hoteleras a la tarifa del 9%  sin prever esta tarifa para las personas naturales que prestes servicios hoteleros (Art. 240 del E.T.)

Con base en lo anterior, se le consultó a la DIAN cuál es el tratamiento de las rentas hoteleras que se generan de la prestación de servicios en nuevos hoteles u hoteles remodelados dentro de los quince (15) años siguientes a la vigencia de la Ley 1819 de 2016 (Num. 3 y 4 del Art. 207-2 del E.T.).

De acuerdo al interrogante planteado, la Administración aclaró que en efecto las personas jurídicas a partir del 2018 deberán pagar el 9% por las rentas hoteleras. En el caso de las personas naturales, la DIAN expresó que como no se hizo mención de ellas en la ley para efectos de gravar sus rentas con esta tarifa especial se considera que las rentas hoteleras ya nombradas percibidas por personas naturales estarán gravadas a partir del año gravable 2017 a la tarifa que corresponda según el nuevo sistema de determinación de renta para las personas naturales

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¿Se entiende subsanada la omisión si el contribuyente presenta información con inconsistencias? Consulta aquí las consideraciones sobre el tema realizadas por el Consejo de Estado
Como se sabe, la Ley establece una sanción para los obligados a suministrar información tributaria y para aquellos a los que la Administración les ha solicitado informaciones o pruebas, cuando: i) no entregan la información, ii) no entregan la información dentro del plazo que debían hacerlo, iii) entregan información cuyo contenido presenta errores, y, iv) suministran información distinta de la que se les pidió.

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Comienza el peticionario recordando que: "los ingresos recibidos por concepto de prestación de servicios pueden catalogarse en tres conceptos a saber: i) no gravados, que son aquellos que escapan al hecho generador del impuesto sobre las ventas consagrada en el artículo 420 del Estatuto Tributario, ii) excluidos, aquellos que por expresa disposición legal no general IVA (Artículos 424 y ss) y iii) exentos, aquellos que causan el impuesto, pero se encuentran gravados a la tarifa cero"
Respecto al tema de los tiquetes aéreos, expone el actor, que el servicio de transporte internacional de pasajeros que cubra rutas de ida y regreso al territorio colombiano con origen y destino en el extranjero es solo un servicio, la cual al no estar expresamente excluida debe tratarse como gravada.

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Teniendo en cuenta que la garantía mobiliaria nace del acuerdo de voluntades entre el deudor y el acreedor como forma de dar cumplimiento a las obligaciones, su marco de aplicación comprende ampliación de bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía. Esta se podrá hacer efectiva en el escenario de obligaciones de cualquier naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables, y a todo tipo de acciones, derechos u obligaciones sobre bienes corporales e incorporales, derechos o acciones, muebles o bienes mercantiles, de acuerdo con la definición de garantía que prevén los Artículos 1, 2 y 3 de la Ley 1676 del 2013 tal como lo indicó la Superintendencia de Sociedades.

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En esta ocasión se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra  sentencia del Tribunal de Cundinamarca que aceptó las pretensiones de la demanda y en consecuencia anuló el aparte del Código de Rentas del Municipio de Yopal que establecía el cobro del tributo a las excavaciones del espacio público que se destinaran a la construcción, mantenimiento o ampliación de redes de infraestructura para servicios públicos (Artículo 246 del Acuerdo 13 de 2004).

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En esta oportunidad le corresponde al Consejo de Estado decidir una demanda de nulidad en contra de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del D. 4956 de 2011, el cual reglamentaba la exención para los usuarios industriales del servicio de gas domiciliarios de la contribución de solidaridad, disposición contenida en el artículo 102 de la Ley 1450 de 2011.

Según el actor, la expedición de esta norma excedía las facultades reglamentarias otorgadas en la Constitución al Gobierno Nacional, puesto que al redefinir los sujetos pasivos de la contribución de solidaridad, se estaba atribuyendo las facultades que por naturaleza le corresponden al legislador

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¿Se tomará como término de firmeza tres años o seis meses?

Entérate aquí del criterio de la DIAN

Uno de los cambios introducidos con la reciente reforma fue la modificación del término general de firmeza de las declaraciones tributarias pasando de 2  a 3 años, en ese sentido, en el caso del sistema IMAS (Sistema de determinación del impuesto sobre la renta de los trabajadores por cuenta propia  anterior a la L. 1819 de 2016) se establecía que la firmeza de la liquidación privada era de 6 meses (anterior Art. 341 del E.T.). Con base en las precisiones anteriores, se le consultó a la DIAN  si la firmeza que tiene las declaraciones realizadas a través del Sistema IMAS es de 3 años o de 6 meses tomando en consideración la eliminación del sistema.

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La DIAN dio alcance a su doctrina, consulta aquí la nueva posición

​Tal y como lo indicamos en nuestra edición del pasado 3 de marzo, la DIAN había concluido en su doctrina oficial que el "el transporte público automotor especial" se encontraba gravado con IVA, pues no tenía la naturaleza de transporte público de pasajeros que, como se sabe,  se encuentra excluido (Art. 476​ del E.T.).

La anterior conclusión tenía como argumento, que en el segundo caso prevalecía "la libertad de acceso en igualdad de condiciones del público en general", pues su remuneración es regulada por el Gobierno Nacional, condición que no existía en el primer caso, en el que las partes pactan libremente las tarifas de transporte (Conc. 1548 de 2016).

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Consulta el más reciente pronunciamiento del Consejo de Estado sobre el alcance de la sanción por no presentar información
Como es de su conocimiento, la presentación de información para estudios y cruces necesarios para el debido control de los tributos, es una obligación formal de los contribuyentes nacionales, que se encuentra contenida en el Artículo 631 del Estatuto Tributario. De no cumplirse con dicha obligación, se estará en riesgo de que la Administración  imponga una sanción tributaria, como la de no enviar información (Artículo 651 ibídem).

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