Cerrar X
Escríbenos

Fuente Aliada: Tax & Legal Time

Con la expedición del Decreto 1070 de 2013, rige la aplicación efectiva el artículo 108 del E.T., el cual obliga al contratante a verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social que le corresponde al contratista, esto con la finalidad de deducir estos conceptos en el impuesto de renta en relación con el contrato respectivo, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el inciso 1 del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, reglamentario de la ley 100 de 1993, que se refiere a la confirmación por parte del contratante de los aportes al Sistema de Seguridad Social solo para aquellos contratos de prestación de servicios, consultoría y asesoría, cuya duración sea superior a tres meses.

Regístrese para leer más...

Fuente Aliada: Tax & Legal Time

En esta oportunidad se consultó a la entidad sobre la aplicabilidad del artículo 345 de la Ley 1819 de 2016, que cambió la definición de la actividad de servicios gravados con el impuesto de industria y comercio, pues, en su criterio, con dicha modificación quedan gravadas las profesiones liberales, en contravía de lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 23 del Código de Comercio.
1. Para efectos de dar respuesta, partió la DAF recordando que "El hecho generador del impuesto de Industria y Comercio desde la Ley 14 de 1983 es la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios en la respectiva jurisdicción municipal. Así lo reiteró el artículo 195 del decreto ley 1333 de 1986:
ARTICULO 195. El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales(…)".

 2. Ahora bien, para efectos del impuesto de industria y comercio, el legislador definió qué se entiende por actividades industriales, comerciales y de servicios y la  definición de actividad de servicios prevista en el artículo 199 del Decreto Ley 1333 de 1986 fue modificada por el artículo 345 de la Ley 1819 de 2016 así:
ARTÍCULO 345. DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SERVICIOS GRAVADOS CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El artículo 36 de la Ley 14 de 1983, compilado en el artículo 199 del Decreto-ley 1333 de 1986, quedará así:
Artículo 199. Se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obligación de hacer sin, importar que en ellos predomine el factor material o intelectual.

Regístrese para leer más...

Fuente Aliada: Tax & Legal Times

En esta oportunidad se consultó a la autoridad tributaria que se pronunciara respecto de los factores que se pueden detraer de la base de retención, ello teniendo en cuenta que las disposiciones reglamentarias no fueron compiladas en el Decreto Único Tributario (1625 de 2016).

Puntualmente la duda trata sobre las disposiciones relativas a la deducción por pagos de intereses en créditos de vivienda (artículos 2º y 3º del Decreto 4713 de 2005) y las reglas  para el caso del crédito de vivienda que se otorgó a varias personas y la forma como se aplicaba la deducción (artículo 8 del Decreto 3750 de 1986), disposiciones que como se anotó anteriormente no fueron compiladas en el DUT.

Para dar respuesta al interrogante, señaló la DIAN luego de citar el Art. 3.2.1.1. del DUT (derogatoria integral) que las normas relativas al sector hacienda que versen sobre las mismas materias que no se encuentren  compiladas en el Decreto Único 1625 de 2016 están derogadas y no pueden ser aplicadas.

Finalmente, recordó la entidad que dentro del proyecto de reglamentación se incorporó lo siguiente:

Regístrese para leer más...

Fuente Aliada:  Tax & Legal Time  

Como es de su conocimiento, el artículo 10 del Estatuto Tributario establece las condiciones para considerar para efectos  fiscales, cuando una persona natural es residente en Colombia, esta norma fue modificada por el Art 2 de la ley 1607 de 2012 consignando los criterios de días calendarios dentro de un periodo cualquiera de trescientos sesenta y cinco días (365) calendario de permanencia en el país de forma consecutiva.

En esta oportunidad se le consultó a la administración Tributaria en virtud del Principio de Favorabilidad, si es posible incluir cómputo de días de permanencia  de un extranjero en el territorio nacional, dos periodos en un mismo año gravable, es decir parte en el año 2012 y parte en el año 2013?

Para dar respuesta al interrogante, la DIAN procedió a realizar un análisis profundizando en lo siguiente:

1. Antes de las modificaciones de la ley 1607 de 2012  el Art 10 del E.T., el Art  1° del Decreto 187 de 1975, exigía  que para alcanzar el estatus de residente la magnitud del tiempo estaba circunscrita al periodo fiscal,  según la cual el año, periodo o ejercicio impositivo, en materia de impuesto sobre la renta y complementarios, era el mismo año calendario desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre.

En tanto con la nueva regulación de la Ley 1607 de 2012 se incluyeron factores adicionales como la permanencia continua o discontinua en el país por más 183 días año calendario (no año fiscal) incluyendo los días de entrada y de salida del país, durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos, en el entendido que, cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residentes a partir del segundo año o periodo gravable; es decir que tendría efectos solo  para los hechos ocurridos a partir del año gravable 2013.

Regístrese para leer más...

Fuente Aliada: Tax & Legal Times

En el mencionado oficio, la Superintendencia señala que a pesar que la norma remita eventualmente a la aplicación de aquello previsto para las sociedades comerciales en el Código de Comercio, no resulta posible determinar la existencia de una reunión dado que para esto se requiere la presencia de dos o más accionistas. Bajo este entendido, la existencia de un presidente y secretario resulta innecesario, por lo que basta la firma del único accionista o su representante en el Acta que se levante.

Leer más...

Fuente Aliada: Tax & Legal Times

En esta oportunidad correspondió al Consejo de Estado decidir la legalidad de las modificaciones que incorporó el Concejo Municipal de Montería a su Estatuto de Rentas  con relación a la contribución de valorización mediante el acuerdo 007 del 2008 y 010 del 2011. A continuación resumimos  las dos consideraciones más importantes de la Corporación sobre el particular:

¿Puede entenderse como una desnaturalización de la contribución por valorización que esta grave el beneficio general ocasionado?

Como es sabido,  la contribución por valorización es un gravamen real que se funda en el beneficio que recibe un predio por la ejecución de una obra pública y la condición de que el mismo sea directo o general depende del impacto que la obra o conjunto de obras tenga sobre la propiedad.

Regístrese para leer más...

Fuente Aliada: Tax & Legal

Como es conocido, el impuesto de Industria y Comercio ICA es un tributo de carácter territorial que grava las actividades comerciales, industriales y de servicios ejercidas o realizadas en las jurisdicciones municipales (Ley 14 de 1983). Dicho lo anterior,  la Dirección de Apoyo Fiscal fue consultada sobre la liquidación de los ingresos que percibe una Empresa de Servicios Públicos de acueducto y alcantarillado provenientes de un operador, a título de participación y arrendamientos de los servicios que presta.

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios debe liquidar el ICA de la siguiente manera:

Regístrese para leer más...

Fuente Aliada: Tax & Legal 

Como es de su conocimiento, con la expedición de la Ley 71 de 1986, se autorizó la creación y emisión de la estampilla Pro-Universidad de la Guajira destinada a actividades relacionadas con la compra de terrenos propios, a la construcción y a la financiación de dicha universidad. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha manifestado que las leyes que crean tributos deben establecer todos los elementos del mismo, sin embargo, en aquellos tributos de carácter territorial la ley  puede limitarse a autorizar el tributo. En el último caso, serán las corporaciones de representación popular de las entidades territoriales las que desarrollen y establezcan algunos elementos del tributo. Lo anterior, sin exceder el marco impuesto por la ley (Sentencia C-084 de 1995).

Regístrese para leer más...

Fuente Aliada: Tax & legal

Indicó que los conflictos surgidos en ese tipo de sociedades, no son de su competencia

La Superintendencia de Sociedades en Oficio 220-119090 del 15 de junio de 2017 establece que no es competente para someter a sus facultades jurisdiccionales conflictos societarios desarrollados en las sociedades de hecho.

En este sentido, la entidad establece que al ser la sociedad de hecho una entidad que a pesar de cumplir con todos los  requisitos de existencia y validez, no se eleva a escritura pública; por lo cual carece de personalidad jurídica, representación legal y no se encuentra sometida a inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades.

Por este motivo sus controversias no trascienden al ámbito del interés público económico y por lo mismo no son objeto de las funciones jurisdiccionales previstas en los literales a) y b) del numeral 5 del artículo 24 del Código General del Proceso, en armonía con el artículo 1.2.1.1 del Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015.

En consecuencia la solución de conflictos que se presenten entre los socios de sociedades de hecho,  deberán ser resueltos ante el juez civil que corresponda de conformidad con las normas de competencia contempladas en el Código General del Proceso. (Texto original del concepto 119090 de 2017 aquí)

Regístrese para leer más...

Fuente Aliada: Tax &Legal

¿Sabes cuál es el término de firmeza aplicable? Entérate aquí del criterio de la DIAN

b
Como es sabido, antes de la expedición de la reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) se establecía que la firmeza de la liquidación privada era de 6 meses  por las declaraciones tributarias de personas naturales que pertenecieron a la categoría de empleados o trabajadores por cuenta propia y que la presentaron por el sistema IMAS.

Así las cosas, se le consultó a la DIAN si es aplicable  el término de firmeza  de 3 años previsto en el Articulo 714 del Estatuto Tributario, en el evento en que  se solicite una  devolución o compensación de una suma originada de una declaración presentada por ese sistema de determinación.

Para resolver el interrogante, la Administración precisó, que si el contribuyente  solicitó una devolución o saldo a favor, ya habiendo operado dicha firmeza en la declaración,  el término de firmeza aplicable será de 3 años contados  desde la fecha de la solicitud de dicha solicitud.

Página 2 de 49

Contacto

Contáctenos

Aliados